Todas las razones de la razón pública

 

El Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público (RTSP) introdujo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo el 12 de julio de este año. Acusa al Gobierno de abuso sistemático de los medios públicos. La defensora del pueblo, como si oyera llover. Gabriela del Mar Ramírez Pérez no se da por enterada.

Las tres personas que integran el Comité –Antonio Pasquali, Elizabeth Safar, Oscar Lucién− se dirigieron a la Defensoría del Pueblo pues incumbe a tal instancia defender los derechos ciudadanos. El Sistema Nacional de Medios Públicos, compuesto por todas las emisoras de radio y TV financiados con recursos públicos, se encuentra hoy en día sometido a la exclusiva voluntad del ciudadano presidente de la República.

A todas éstas, los medios privados −luego de brindar cobertura inicial− se han olvidado del asunto. Los del Comité enviaron copia a los partidos políticos y no han recibido respuesta. Las escuelas de Comunicación Social no se han solidarizado, quizás porque las universidades están de vacaciones o porque no se han enterado —sus directores y profesores— de esta acción del Comité.

Elizabeth Safar, profesora jubilada de la Universidad Central de Venezuela, está hoy más preocupada que nunca por las políticas públicas en materia comunicacional. En especial, después de los últimos acontecimientos suscitados por la foto del interior de la morgue caraqueña publicada en portada de El Nacional (viernes 13 de agosto).

Ella, que no se cansa de estudiar, se puso ahora a aprender alemán; desde luego, no le importa ser la de mayor edad en el salón, incluyendo al profesor. Safar es una mujer que en estos días trasiega en su apartamento con libros de un lado a otro, pues piensa desasirse de unos cuantos para destinarlos a bibliotecas públicas o regalárselos a sus ex alumnos. Para quien no la conozca, ella sostiene toda la historia de la radiotelevisión de servicio público en sus manos: se la sabe, y sabe por tanto de las burlas de las que ha sido objeto.

Sebastián de la Nuez

Safar cuenta con un rosario de familiares regados por medio mundo y su hija vive en Alemania, pero ella se aferra a Venezuela, donde están enterrados sus padres y donde, hace poco, tuvo que enterrar también a su hermana querida. El padre era palestino cristiano, de Jerusalén. Y su madre, austriaca. Ambos se conocieron en el barco en el que se venían a Venezuela, en 1939. A los diez años, Elizabeth vivió en Bagdad durante varios meses.

Después de todos estos años está escribiendo una especie de saga familiar, sobre todo para su hija.

 

Safar sabe muy bien que, históricamente, los pecados contra una verdadera radiotelevisión de servicio público los han cometido tanto el sector público como el privado. Y que estos males de hoy no son sino la exacerbación de lo sembrado en el pasado. Lo que establece la Constitución ningún gobierno, en realidad, lo ha podido garantizar nunca: que todo ciudadano tiene derecho al acceso. Ningún gobierno se planteó universalizar el servicio. Sobre todo por connivencia de intereses; siempre privó la política del dejar hacer, dejar pasar.

La radio pública en Venezuela surge como radio gubernamental; pero en este Gobierno ni siquiera se puede hablar de radio pública, porque en realidad es una radio en manos del Presidente, de su partido. Si uno se pone a ver quiénes son los opinantes de los canales públicos, entre comillas, son todos miembros del partido de Gobierno. Y es el Presidente quien marca la pauta, y es quien utiliza La Hojilla para dar noticias nacionales. Lo hace a través de un programa que se permite violentar el sentido de la dignidad de los seres humanos. Un programa así es escogido por el presidente de la República para hacer anuncios que interesan a millones de venezolanos. Es una aberración.

Aquella connivencia entre lo público y lo privado impidió la aparición del servicio público. Primero, la universalidad: diez, veinte o treinta millones de venezolanos, todos con posibilidades de acceder a la radio y TV públicas. Segundo lugar, la RSP no puede estar regida por ninguna autoridad del gobierno; debe rendir cuentas ante la representación heterogénea del pensamiento del país que se supone es el parlamento. A eso se añade cobertura maximizada, actualización tecnológica y una programación complementaria, sirviendo a diversos segmentos.

Safar sabe bien de intentos de modernización y puesta al día que se han quedado en el camino. Ella misma los recogió en un volumen editado por la Unesco (departamento de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura), titulado Radiotelevisión de servicio público: un manual de mejores prácticas. Recuerda en especial cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la misma Unesco y la Comisión para la Reforma del Estado (Copre) financiaron un estudio para modernizar VTV –cuando todavía el canal 5 estaba abierto− en el cual se involucró junto al experto José Antonio Mayobre.

Ese estudio fue enterrado en su debido momento.

Desde 1992, cuando un grupo de intelectuales y académicos organizó RTSP, salieron a la superficie cabildos, foros y comunicados para promover una verdadera radio y TV de servicio público, sólo para darse cuenta de que es un tema con acogida pero sin apoyo. Ha habido intentos diversos para instaurar una ley adecuada. Hoy en día, viendo el frenesí de todas las arbitrariedades imaginables que brotan desde el régimen, Alberto Federico Ravell les dice a Pasquali y a Safar cosas como “nosotros teníamos que haberlos apoyado a ustedes”.

Dice Safar que:

Si hubiese existido la ley, Chávez no habría podido hacer lo que está haciendo hoy en día con la radio y la televisión. O al menos le hubiese sido más difícil.

Las reformas constitucionales intentadas en 1992 y 1994 fracasan por el boicot de los medios privados a la reformulación del artículo 66. Después, en 1998, esta vez mediante Moisés Moleiro −siempre apoyó el proyecto de RSP− se intentó en el Congreso otra vez pero predominó la tesis de Manuel Isidro Molina y Ricardo Combellas (asimismo tesis de Eleazar Díaz Rangel, quien para ese momento presidía Venezolana de Televisión) y fueron enterrados el concepto y su normativa nuevamente.

Cuando llegaron los días de la nueva Constitución, en 1999, Alberto Jordán Hernández, que era el encargado de la parte comunicacional, dio cabida a la propuesta. De allí sobrevivió lo que está recogido en los artículos 57 y 58 de la Bolivariana. Gracias a los esfuerzos del Ininco, del Comité, del SNTP y del CNP.

Aunque, en fin, la idea básica era hacer todo lo contrario a lo que finalmente hizo el Gobierno con la Ley Mordaza: en vez de adscribir al Poder Ejecutivo todo lo público en radio y televisión, más bien sacar el tema de allí y ponerlo en manos de una autoridad independiente.  Pero hasta el sol de hoy.

 

EL HORROR POR SISTEMA

Las consecuencias que, según el Comité, se derivan de la manipulación discrecional de la radio y TV públicas son las siguientes:

  • El sistema se ha convertido en uno de los mayores y más antidemocráticos instrumentos creadores de asimetría de poder a favor del grupo político gobernante. 
  • Desde ese sistema se dan todas las facilidades para que funcionarios públicos abusen de sus cargos y funciones para vulnerar en su dignidad, discriminar, marginalizar e insultar a quienes adversan al Gobierno.
  • Las comunicaciones públicas en Venezuela son, entonces, un caso emblemático de uso anti-constitucional, indebido y arbitrario  del patrimonio público.
  • De todo ello, se deriva la violación y confiscación del derecho de los usuarios a disponer de un servicio público de comunicaciones conforme al artículo 108 de la Constitución.

Y por ello, RTSP exige que la defensora del pueblo haga diligencias para solicitar a las autoridades competentes para que tomen acciones acciones tendentes a recuperar  inmediatamente el carácter público, plural y republicano de todos los medios de comunicación audiovisual, analógicos y digitales; y la pronta creación de una Autoridad Independiente, acordada entre todas la fuerzas políticas del país, para que vele por el cumplimiento de la Constitución.

Nada más y nada menos. ¿Es mucho pedir?