Las interpelaciones de la crisis del 94

El año 1994 estallaba en Venezuela un viacrucis financiero: catorce bancos, como las fichas de un dominó, cayeron uno tras otro tras la salida de la cámara de compensación del Banco Latino por insolvencia. Muchos libros se han dedicado al análisis de una debacle que puso de bulto una gran irresponsabilidad estatal, la rapiña  de cierto sector privado financiero y una debilidad estructural en la democracia criolla, sumamente corrompida. Al Congreso fueron citados los interventores de los bancos cuyas puertas se habían cerrado al público. He aquí algunas de esas reuniones y lo que allí se dijo

Sebastián de la Nuez / Foto: Mariana Yépez

Las interpelaciones en la Comisión de Finanzas de la cámara alta (cuando en Venezuela el Congreso contemplaba la figura de los senadores) se realizaban usualmente en una sala estrecha con una mesa demasiado grande. Era el piso 3 del edificio parlamentario de la esquina de Pajaritos, en pleno centro. Alrededor se sentaban los congresistas, café en mano. La socialcristiana Haydée Castillo no presidía la comisión para el momento de las interpelaciones a los interventores de los entes financieros, pero era el personaje que solía ponerle más colorido a las reuniones. Un día frenó en seco al viceministro de Cordiplan, Rafael McQuae, quien intentó suplir al ministro Werner Corrales en el papel de explicar ciertas medidas gubernamentales en torno a la crisis financiera. La Castillo le espetó que la invitación del Senado había sido dirigida a Corrales, y que por tanto esperaban que nadie menos que Corrales se presentase.

La prensa recogía, por lo general, las declaraciones dadas por los interventores a la salida de las interpelaciones, sin hacer crónica del desarrollo de las mismas. Una tarde fue interpelado Guido Villanueva, a la sazón recién nombrado interventor del Banco Metropolitano –la junta anterior abandonó intempestivamente, tras las protestas de los ahorristas–, quien recibió una reprimenda de la senadora Castillo por no asistir debidamente preparado a la interpelación. En realidad, había confesado Villanueva, asistía por pura cortesía pues  estaba estrenando el cargo y no tenía mayor conocimiento del estado en que se encontraba la entidad. La senadora  Castillo le dijo que podía dejar la cortesía en su casa porque su asistencia a la Comisión era obligada según la Constitución nacional. Se decidió dejar la interpelación hasta allí; el interventor se comprometía a volver una semana más tarde, con sus elementos de juicio y un cronograma de acción.

EL CASO BARINAS

Después de Villanueva fue interpelado Carlos Calderón, interventor del Barinas. Al poco rato confesaría que sus propios ahorros habían quedado atrapados en uno de los bancos desahuciados.

El Barinas mostraba posibilidades de rehabilitación como entidad para el comercio exterior, eventual herramienta de la política de integración regional en lo económico. A finales de agosto de 1994, la junta había recibido una propuesta de compra por parte de la Federación Nacional de Ganaderos. No obstante, tenía una cartera relacionada rondando 70 por ciento del total de créditos. Juan Domingo Cordero, su principal accionista, era propietario de varias empresas beneficiadas con créditos sin garantías: más de 6 mil millones de bolívares al descubierto.

Ricardo Albacete, joven congresista de origen español que había sido elegido en las listas de La Causa R por el estado Táchira, formaba parte de la Comisión encargada de los interrogatorios; cuando Calderón informaba acerca de los manejos de Cordero en el Banco Barinas, Albacete le preguntaba una y otra vez por qué la junta interventora no había procedido judicialmente en su contra. Dio ciertas informaciones acerca del exsocio principal del Barinas y remató: “Lo que da coraje es que a un señor que se agarra el setenta por ciento de los fondos de un banco se le trate con mano de seda. ¿Qué tiene que ver Juan Domingo Cordero en esa junta interventora?” Calderón no se inmutó. Contestó que ellos, los integrantes de la junta, trataban a todos los deudores por igual, y que se estaban elaborando los expedientes. “Los organismos a los que compete  dictaminar al respecto son los tribunales penales o en todo caso a la Fiscalía”.

Quedó claro que esta junta no intentaba embargar a nadie, aun con los pagarés vencidos. La cartera relacionada no correspondía solo a Cordero; allí había también empresas de Víctor Vargas y Oswaldo Carrillo, del Banco Latino.

Cuando Calderón y su equipo entraron al Barinas encontraron una nómina de 700 personas, y la fueron rebajando hasta colocarla en 110.

Aquella tarde en la comisión de Finanzas se entabló una discusión sobre la celeridad con que debían tomarse las decisiones. La más exigente al respecto era Haydée Castillo. “Nos estamos jugando aquí un futuro mucho más largo que el suyo”, le decía Calderón a la senadora. Y Castillo le contestaba: “Lo único que estamos pidiendo es celeridad.  Si van a fusilar, fusilen, pero háganlo ya, no tengan a la gente esperando el fusilamiento de un día para otro”.

Calderón sería despedido de su cargo aproximadamente un año después de esta intervención.

EL CASO MARACAIBO

Enrique Auvert, interventor principal del Banco Maracaibo, entrevistado más tarde, comentaría que su junta se había mantenido el primer mes sin atreverse a mover un dedo por temor a Salvaguarda. El error del Maracaibo, dijo, había sido emparentarse con el Latino, cruzar gerencias entre sí. El Banco Latino fue el buque insignia en cuanto a todo lo que no debía hacerse en materia financiera, y contaminó por mimesis al otro. Sucedió cuando despojaron de la preposición de al Maracaibo, acompañando la decisión con una campaña multimillonaria que incluyó un nuevo logo, verde como la esperanza, verde que te quiero verde. En el Maracaibo las cuentas se llevaban prácticamente a mano, o quizás con la ayuda de un ábaco, hasta que entró, arrasador, el Latino en su vida. Sobrevino entonces la mutación. Consistió en copiar su modelo gerencial: cuentas fuera de balance, autopréstamos, maquillaje contable… la audacia llevada al límite de lo ilegal.

En 1983 se creó el Consorcio de Administración Maracaibo. Allí fueron a dar las pérdidas del grupo. Todos los meses el banco le prestaba dinero a este nuevo ente, el CAM. Se convirtió en la madre de todos los negocios no financieros del banco. Cada vez que se planeaba comprar un inmueble o invertir en un hotel o resort, una empresa del CAM, nieta, hijastra o sobrina, terminaba convirtiéndose en el puente para recibir los créditos, muchas veces sin garantías. Técnicamente pertenecía al grupo, pero al mismo tiempo desarrollaba deudas apoteósicas con el banco. A menudo los créditos no estaban representados por el volumen de activos invertidos.

Allí radica la mayoría de las irregularidades del Maracaibo. El CAM llegó a degenerar en 223 empresas, en 1995 virtualmente dueñas de gran cantidad de los activos del banco.

Uno de los procesos más difíciles que enfrentó la junta interventora fue tratar de desmembrar esas empresas y devolverlas al banco de alguna manera. Muchos de esos activos fueron dados en garantía a Fogade, de modo que la junta debía intervenir esos 223 fantasmas para ponerle la mano encima a los activos, legalmente. Y luego inventar alguna fórmula para expropiarlos y cederlos a Fogade.

El Consorcio de Administración Maracaibo no era accionista de ninguna empresa relacionada, sino una figura jurídica inventada como administradora; en la suscripción de todos los contratos sociales aparece así. De hecho, era la junta directiva de más de 200 compañías. No existen personas naturales involucradas. Además estaba Sofimara, que en una época fue la madre de todas aquellas compañías. Un buen día de 1990 transfirió todas sus acciones. De modo que no existe persona natural alguna. Están los administradores del CAM, que variaron durante diez años, pero sin relación de sociedad con esa entelequia de personalidad jurídica.

Ricardo Moreno, miembro de la junta interventora, manifestó ante los senadores haberse sentido anonadado en su condición de abogado al descubrir esta figura mediante la cual escurrieron el bulto los propietarios del Maracaibo. Aquella operación había sido posible gracias a la alcahuetería de los registradores mercantiles.

La junta halló al banco involucrado como socio en decenas de proyectos mediante participaciones de 51 por ciento. Encontró además préstamos otorgados a los accionistas y empresas relacionadas con ellos. Algunos siguieron pagando regularmente. Otros, morosos, hicieron caso omiso de los avisos. O sencillamente no se les pudo contactar pues habían volado lejos.

El Equity Bank, filial off shore, era un banco sólo en los papeles, con base en la isla Montserrat. A través del Equity se tramitaron muchas de las operaciones del área internacional del Maracaibo, algunas de ellas irregulares. Otras, destinadas a esconder las pérdidas, teóricamente no incurrían en dolo. El director suplente en la junta del banco, Oscar Echeverría, era la persona clave del Equity. Por cierto, un informe de auditoría del área internacional fechado en abril de 1994 pone de manifiesto las operaciones irregulares relacionadas con el aumento de capital del banco en los años anteriores.

“La figura del procurador nos ha ayudado muchísimo, aunque sea a través de la intimidación: la gente está pagando”, dijo en algún momento uno de los interventores.

EL LIBRO DE AUVERT

Era una cartera total de 150 mil millones de bolívares. De ese monto, 69 mil millones pertenecían a la cartera relacionada. En resumidas cuentas, la junta interventora planificaba reducir el ámbito de acción a la zona occidental, dedicar el banco a la intermediación exclusivamente y disminuir el número de oficinas de 92 a 32. Se pensaba dejar tres o cuatro oficinas en Caracas, y ofrecer en pago por los auxilios financieros esas oficinas más los hoteles, apartamentos y demás activos no financieros hallados al ir escarbando; más la cartera de crédito de dudosa recuperación.

Se proponía, además, mantener la arrendadora, el Banco Hipotecario del Zulia y la sociedad financiera Sofimara. Sin embargo, al final resultó la desaparición de todo, no sólo del propio banco sino del BHZ, la arrendadora y Sofimara. Mientras las santamarías bajaban, algunos acreedores hicieron buenos negocios al comprar los propios bonos quirografarios del banco a 85% de su valor nominal y luego darlos en parte de pago por un crédito pendiente, y por Ley debían recibírselos a su full valor. La sede del Maracaibo en su ciudad natal, en un lugar llamado El Cerrito, quedó en manos del Cied, la institución académica de Petróleos de Venezuela.

Y las frases más definitivas sobre el asunto se las reservaría Auvert para su libro El gran banquete, publicado en 1996 por Alfadil: “Durante los tres primeros años de la década de los noventa, el Banco Maracaibo y sus filiales financieras se dieron el lujo de participar en cuanto negocio se les ocurriera entrar”. Auvert plasmó en el libro un epitafio desconsolador: “La historia del Banco Maracaibo no tuvo un final feliz. Luego de ser la institución bancaria más antigua del país, pasó a ser una gigantesca inmobiliaria que hoy en día todavía trata de definir su situación contable y que poco a poco traslada sus bienes a Fogade para amortizar una deuda impagable. Muchos depositantes todavía reclaman su dinero. Otros acreedores también esperan en el proceso. Lo triste, sin embargo, fue el desmantelamiento de la institución. Casi cinco mil empleados despedidos, 96 agencias cerradas, dieciséis proyectos inmobiliarios detenidos (…). Las pocas esperanzas que pudieron quedar para su recuperación también se perdieron luego de la errónea forma con la cual el gobierno abordó la situación de los bancos intervenidos”.

Lo narrado aquí es solo un extracto mínimo de lo sucedido al destaparse la gran crisis bancaria nacional que contribuyó al descrédito general de la forma en que era conducida la democracia venezolana. En la opinión pública arraigó la tesis de que los partidos políticos, sus líderes, sus solidaridades automáticas, debían ser sustituidos por otra opción.

¿Por qué el historiador Ramón J. Velásquez aparece en la foto de esta nota? Porque en el momento en que estalla la crisis, en diciembre del 93, Venezuela era un país presidido transitoriamente por Velásquez. Carlos Andrés Pérez (elegido en comicios de diciembre de 1988) había dimitido tras la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que había encontrado razones para seguirle juicio por malversación de la partida secreta.